Ley de basura Cero: combatiendo residuos urbanos

En noticias anteriores, presentamos algunos detalles sobre la Ley de Basura Electrónica (RAEE), una de las soluciones propuestas por Greenpeace para contrarrestar los efectos nocivos de los residuos […]


En noticias anteriores, presentamos algunos detalles sobre la Ley de Basura Electrónica (RAEE), una de las soluciones propuestas por Greenpeace para contrarrestar los efectos nocivos de los residuos sólidos urbanos. En esta segunda parte, una recorrida por la Ley de Basura Cero, otro proyecto por el que la organización ecologista lucha incansablemente.

Esta Ley, correctamente llamada “Ley de gestión integral de residuos tóxicos Urbanos”, fue aprobada un año después de su presentación en el senado en agosto de 2004, pero aun la implementación de la misma no se ha concretado totalmente.
Lo innovador del proyecto, es el cambio de enfoque propuesto para combatir los problemas ambientales. Asimismo, compatibiliza el cuidado ecológico con la creación de puestos laborales, proponiendo una reforma estructural que requerirá mano de obra para ser llevada a cabo.
En lugar de focalizarse en el desarrollo de nuevas técnicas de gestión y disposición de residuos, se centra en el reciclaje y en las modificaciones en la producción, para lograr extender la vida útil de los artículos consumidos, y de esta forma, evitar el despilfarro de recursos y la acumulación de sustancias tóxicas en el ecosistema.
Se basa en un principio de reducción progresiva de la basura incinerada enterrada, fijando plazos concretos. El correspondiente a este año, es un 30% menos que cuando la ley fue aprobada; sin embargo, las aplicaciones se dan con importantes demoras. En el plan original, la prohibición de incinerar y enterrar material reciclable se concretaría en el 2020.
El 2 de julio pasado, activistas de Greenpeace fueron detenidos durante una manifestación en el obelisco. Caracterizados como los animales y los logos de las empresas de pilas y baterías más influyentes del mercado, les exigieron a éstas que paguen por la exportación de los residuos que generan para su correcto tratamiento en el exterior, como parte de la responsabilidad extendida al productor surgida de esta ley, y de la RAEE.
Además, este ítem contempla la separación de residuos por origen. Para los residuos secos (papel, metal, plástico) se habilitarían centros de selección, y para los húmedos u orgánicos, se prevén desvíos a centros de compostaje o biogás. También supone un seguimiento continuo mediante mecanismos de control a sectores no gubernamentales, y la presentación de informes anuales a la legislatura.

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