Riachuelo: a dos años de la sentencia

El pasado 8 de julio se cumplieron dos años del histórico fallo que condenó al Estado Nacional, la Provincia de Buenos Aires y a la Ciudad Autónoma de […]

El pasado 8 de julio se cumplieron dos años del histórico fallo que condenó al Estado Nacional, la Provincia de Buenos Aires y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al saneamiento del Riachuelo. Sin embargo, el Plan de Saneamiento Ambiental ha tenido notables retrasos y fallas en su gestión.

La Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) es la entidad conformada por las tres jurisdicciones afectadas en la sentencia. Este organismo, responsable del Plan de Saneamiento Ambiental, lejos de mantener una continuidad en sus labores ha sido acusado por Greenpeace de debilidad institucional. Los ambientalistas también señalan la falta de políticas que conduzcan a plazos y metas concretas para el recupero de la cuenca, debido a la constante modificación en el cuerpo de funcionarios y autoridades.

Recordemos que durante la semana del bicentenario, la organización ecologista repartió escarapelas en distintos puntos de la ciudad a modo de protesta por el incumplimiento en las obligaciones emergidas del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Habiendo llegado a esta instancia, ya exigen severas multas a los responsables.

Entre las fallas en la gestión del proyecto, se destaca lo relativo al Control Industrial. Si bien estaba estipulada una inspección a todas las industrias vertientes en la Cuenca dentro de un plazo de 30 días, actualmente se estima que tan solo una cuarta parte del total de empresas han sido sometidas a estos controles. El número de las mismas ascendería a doce mil según fuentes oficiales, aunque ACUMAR cuenta con tan solo cuatro mil registradas, por lo que desde el mes de mayo de este año ha comenzado un re-empadronamiento.

Por otra parte, el progreso en el saneamiento de basurales no ha mostrado un progreso tangible. Estos contabilizaban 105 al momento del fallo, y al día de hoy superan los 200, cuando la sentencia indicaba su limpieza en un plazo de un año.

A las innumerables infracciones a la sentencia, se le suman las dificultades de medición objetiva de los avances en el Plan, ya que este no cuenta con un sistema de indicadores.

Debido a la debilidad normativa implementada para asuntos ambientales, los parámetros para la futura calidad del agua no contemplan restricciones a sustancias peligrosas, lo cual imposibilitará incluso a largo plazo una recomposición ambiental correspondiente.

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